La reforma a la Ley Aduanera respaldada por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) abre una discusión que va más allá de la fiscalización: ¿cuánto costará a las empresas acreditar que sus proveedores, precios y pagos son legítimos?
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, CAAAREM manifestó su respaldo a los cambios impulsados por el gobierno federal y planteó reforzar la debida diligencia antes del despacho de mercancías. El objetivo declarado es combatir la subvaluación, el contrabando y otras irregularidades en el comercio exterior.
Qué tendrán que documentar los importadores
La propuesta de expediente reforzado descrita por la Confederación incluye comprobar la relación comercial con el proveedor extranjero, su existencia y domicilio, capacidad técnica y representación legal. También contempla respaldar el precio pactado, las condiciones de compraventa y la trazabilidad del pago.
Esto desplaza parte de la prevención de riesgos a la etapa previa al despacho. Para una empresa con operaciones internacionales recurrentes, el cumplimiento puede exigir más horas de revisión, validación de proveedores y conservación de documentos. El impacto concreto dependerá del texto final aplicable y de su implementación.
Quién paga el costo de cumplir
Los importadores pequeños y medianos pueden enfrentar una carga proporcionalmente mayor si carecen de equipos jurídicos y de cumplimiento especializados. Los agentes aduanales, por su parte, tendrán incentivos para exigir expedientes más completos antes de intervenir en una operación.
No es posible afirmar todavía cuánto subirán los costos logísticos o los precios al consumidor por esta reforma. Para medirlo habrá que observar tiempos de despacho, honorarios de cumplimiento, revisiones y eventuales retrasos en cadenas de suministro.
El negocio detrás de la vigilancia
La exigencia de verificar proveedores y pagos también puede aumentar la demanda de servicios de auditoría documental, asesoría aduanera, trazabilidad digital y gestión de riesgos. Son oportunidades potenciales, no beneficios económicos ya cuantificados.
José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente de CAAAREM, defendió la debida diligencia como una responsabilidad esencial del comercio exterior. La prueba para el nuevo esquema será combinar el combate a operaciones irregulares con procesos previsibles para las empresas que cumplen.
En un país integrado a cadenas productivas internacionales, la eficiencia aduanera es una variable de competitividad. La discusión no es únicamente cuánto se fiscaliza, sino cómo se evita que la vigilancia se convierta en un costo innecesario para el comercio formal.
Las cifras, documentos y declaraciones se identifican dentro de la historia con su fecha de corte.
Staff Capital
Autor en EL CAPITAL. Periodismo sobre suelo, movilidad, activos y grandes negocios.