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Inés Gómez Mont: contratos por 2,950 millones y el rastro del dinero bajo investigación

El caso de Inés Gómez Mont explicado desde los contratos penitenciarios, las operaciones presuntamente simuladas y las resoluciones sobre sus cuentas.

La detención en Miami coloca nuevamente bajo escrutinio los contratos penitenciarios y las operaciones financieras que investiga la FGR. El monto contratado no equivale al beneficio individual atribuido a una persona.

La detención de Inés Gómez Mont en Miami, informada este 30 de octubre por la Fiscalía General de la República, reactiva la atención sobre un expediente de recursos públicos, facturación y transferencias. El anuncio de la FGR señaló una orden vigente por probable defraudación fiscal equiparada.

El antecedente financiero de mayor monto es otra investigación que involucra a la exconductora y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga: dos contratos del sistema penitenciario federal por 2,950 millones de pesos.

De dónde salieron los recursos investigados

La Fiscalía informó en enero de 2022 que su investigación había comenzado en noviembre de 2019 por posible delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el comunicado oficial 026/22, la presunta estructura utilizó empresas, operadores bancarios y servidores públicos para simular operaciones y dificultar el seguimiento del dinero. La hipótesis de la institución sostiene que se emitieron comprobantes fiscales para aparentar servicios y actividades comerciales inexistentes.

La FGR identificó a Gómez Mont y Álvarez Puga como principales operadores de esa presunta organización. Esa atribución es una acusación que debe acreditarse judicialmente.

Qué se contrató y por qué importa comprobar los entregables

Animal Político documentó que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social adjudicó los contratos en agosto y octubre de 2016 a Seguridad Privada Inteligencia Cibernética, S.A. de C.V. El organismo dependía entonces de la Secretaría de Gobernación.

Los servicios contemplaban la interconexión de siete penales federales con un sistema de vigilancia. Las contrataciones ocurrieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando Gobernación era encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.

La investigación periodística de 2021 describió señalamientos de simulación de competencia, manipulación de entregables y presunta falsificación de firmas. Consultado por ese medio, Osorio Chong sostuvo que al presupuesto asignado debían corresponder entregables y que esperaría la actuación de las autoridades.

La pregunta económica central es qué recibió efectivamente el Estado a cambio de los pagos. La existencia de una factura o una transferencia, considerada aisladamente, no demuestra que el servicio contratado se haya prestado.

Los 2,950 millones no son un depósito individual

La cifra representa el valor de los dos contratos señalados por la Fiscalía. No debe presentarse como una cantidad íntegramente depositada a Gómez Mont ni como daño patrimonial fijado por una sentencia citada en el comunicado.

Para establecer el beneficio de cada participante, la investigación debe distinguir los pagos del organismo público, las transferencias entre compañías y los recursos que habrían llegado a personas físicas. Confundir esas etapas altera la dimensión del caso y atribuye a una persona movimientos que requieren demostración individual.

Qué ocurrió con el acceso a sus cuentas

La UIF informó en marzo de 2025 que, por una sentencia de amparo, ordenó eliminar a Gómez Mont y Álvarez Puga de la Lista de Personas Bloqueadas y restablecer sus servicios financieros. El comunicado de la Unidad precisó que existían órdenes de aprehensión.

Esa resolución se refirió al bloqueo administrativo; no acreditó la licitud de todas las operaciones investigadas ni constituyó una absolución penal. Gómez Mont ha negado las acusaciones. La captura tampoco sustituye la obligación de demostrar el origen, recorrido y destino de los recursos ante los tribunales.

TRANSPARENCIA

Las cifras, documentos y declaraciones se identifican dentro de la historia con su fecha de corte.

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Redacción

Autor en EL CAPITAL. Periodismo sobre suelo, movilidad, activos y grandes negocios.

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