Emprender no siempre significa que una sola persona aporte el dinero, tome todas las decisiones y se quede con las utilidades. Existe otra forma de organizar la actividad productiva: la economía social y solidaria, que busca combinar viabilidad económica, propiedad colectiva y beneficios para sus integrantes y su comunidad.
En México, la economía social cuenta con reconocimiento constitucional. El artículo 25 de la Constitución contempla la participación de los sectores público, social y privado en el desarrollo económico. La explicación del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) identifica entre sus formas de organización a cooperativas, ejidos, comunidades y empresas pertenecientes mayoritaria o exclusivamente a trabajadores.
¿Qué diferencia a una cooperativa de una empresa tradicional?
Una cooperativa es una organización de personas que se asocian voluntariamente para atender necesidades comunes mediante una empresa de propiedad conjunta y control democrático. En términos generales, las decisiones no deben depender únicamente de quién aportó más capital. Importan las reglas acordadas, los derechos de las personas socias, la transparencia y la rendición de cuentas.
Imaginemos a un grupo de productoras de alimentos que compra insumos al mayoreo, comparte equipo de refrigeración y negocia directamente con restaurantes. Al unirse pueden reducir ciertos costos, aumentar su capacidad de venta y construir una marca colectiva. Eso no significa que todas las cooperativas sean automáticamente eficientes: también deben administrar inventarios, pagar obligaciones, cumplir normas sanitarias y competir en calidad.
Negocios que pueden funcionar con propiedad compartida
Una cooperativa de servicios de limpieza podría compartir equipos y clientes; un taller textil puede comprar maquinaria en conjunto; productores agrícolas pueden organizar transporte y comercialización; profesionales independientes pueden crear una red de servicios tecnológicos o de cuidados. Son modelos posibles, no promesas de rentabilidad. Cada caso necesita evaluar demanda, inversión, costos y responsabilidades.
Antes de asociarse conviene contestar cuatro preguntas: ¿quién aporta qué?, ¿cómo se votan las decisiones?, ¿cómo se distribuirán excedentes y pérdidas?, y ¿qué ocurrirá si una persona decide salir? Las respuestas deben quedar documentadas en estatutos y acuerdos adecuados al marco legal de la organización.
La Ley de la Economía Social y Solidaria establece reglas de fomento para este sector, pero no elimina las obligaciones mercantiles, fiscales, laborales o administrativas que correspondan. Conviene acudir a asesoría especializada para elegir la figura correcta.
El reto principal es evitar confundir solidaridad con improvisación. Una organización social también necesita ingresos suficientes para pagar costos, renovar equipo y sostener empleos. Compartir la propiedad puede distribuir oportunidades; administrar profesionalmente es lo que permite conservarlas.
Las cifras, documentos y declaraciones se identifican dentro de la historia con su fecha de corte.
Marcia Velázquez
Autor en EL CAPITAL. Periodismo sobre suelo, movilidad, activos y grandes negocios.