El caso de la presunta intervención de agentes de la CIA en Chihuahua se ha convertido en un foco de tensión entre autoridades federales, el gobierno estatal y los partidos políticos, mientras avanzan las investigaciones sobre el operativo realizado en abril.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó que las pesquisas no terminen con la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno. También pidió localizar al exfiscal especializado Guillermo Arturo Zuany Portillo, a quien señaló como parte de las responsabilidades pendientes por esclarecer.
Una disputa sobre seguridad y coordinación
El caso coloca bajo escrutinio los mecanismos con los que las instituciones mexicanas coordinan actividades de seguridad con autoridades estadounidenses. La cuestión no es solo política: determinar quién permitió la participación extranjera y bajo qué atribuciones será clave para delimitar las responsabilidades.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención de Jáuregui responda a un acuerdo con la gobernadora Maru Campos. El exfiscal ha negado haber autorizado la intervención de agentes de Estados Unidos y cuestionó las acusaciones.
En el plano institucional, el desarrollo judicial del expediente también tendrá efectos sobre la relación entre la Federación y Chihuahua, así como sobre el debate en torno a las facultades de cooperación en materia de seguridad.
Las cifras, documentos y declaraciones se identifican dentro de la historia con su fecha de corte.
Staff Capital
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