Un presupuesto puede aumentar y no producir los resultados que promete. La aprobación del gasto federal de 2027 vuelve relevante esa distinción: el Anexo 13, dedicado a igualdad entre mujeres y hombres, alcanzó 636 mil 133.1 millones de pesos, mientras que el Anexo 31, vinculado a una sociedad de cuidados, quedó en 475 mil 959.7 millones. Esas asignaciones indican prioridades de gasto, pero no demuestran por sí mismas cuántas desigualdades disminuirán.
La nota técnica «Presupuesto 2027 para igualdad y cuidados», identificada con Consultoras en Género y Gobierno (CGG) y Public/Corporate Solutions LATAM, plantea evaluar los recursos mediante una cadena verificable: diagnóstico, presupuesto, ejecución, indicadores y resultados. Es una perspectiva de gestión pública que también importa a empresas, familias y contribuyentes.
1. ¿Qué problema medible intenta resolver cada programa?
Antes de presumir una cifra, el gobierno tendría que identificar la brecha que busca cerrar. Puede tratarse de menor participación laboral, obstáculos para acceder a servicios o mayor tiempo de trabajo no remunerado. La línea base —la situación antes de aplicar una intervención— permite comparar avances posteriores sin atribuirlos automáticamente al presupuesto.
2. ¿Cuántas personas reciben el servicio y dónde?
No es suficiente conocer el número de programas existentes. También hay que revisar la cobertura real, la ubicación de las unidades, la accesibilidad y las diferencias entre territorios. Un beneficio anunciado a escala nacional no implica que una persona tenga acceso efectivo en su colonia o municipio.
3. ¿Cuánto de lo aprobado se ejerce?
La aprobación legislativa autoriza recursos, pero la evaluación debe contrastar el presupuesto aprobado con el modificado y el efectivamente ejercido. La diferencia importa tanto para programas que reciben ampliaciones como para aquellos que no logran gastar de manera oportuna sus asignaciones. Los anexos presupuestarios de Hacienda son el punto de partida; la ejecución requiere consultar reportes posteriores.
4. ¿El programa entrega apoyos o cambia condiciones?
Una transferencia monetaria puede aliviar necesidades inmediatas y tener valor económico y social. Sin embargo, un análisis de igualdad debe distinguir ese beneficio del efecto de servicios que permiten a las mujeres disponer de tiempo, permanecer en un empleo o acceder a mejores ingresos. No son categorías excluyentes, pero tampoco deben confundirse.
La nota técnica observa que el Anexo 13 presenta un crecimiento de 2.8% real respecto de 2026 y que el Anexo 31 registra una reducción real de 1.6%, aun cuando su monto nominal aumenta. Por ello, comparar únicamente porcentajes en pesos corrientes puede inducir a conclusiones equivocadas sobre la capacidad de financiar servicios.
5. ¿Qué resultados se pueden comprobar después de un año?
Entre los indicadores pertinentes están las horas de cuidado no remunerado, la disponibilidad de servicios, la participación económica de las mujeres y su permanencia laboral. El INEGI dispone de mediciones del uso del tiempo que pueden servir como referencia, aunque no permiten atribuir cambios nacionales a un programa específico sin una evaluación adecuada.
El gasto público también plantea una pregunta de eficiencia: ¿qué recursos producen servicios de calidad y qué resultados justifican su continuidad? La evaluación necesita datos de calidad, una metodología clara y transparencia sobre sus límites. En un país que busca ampliar la participación de las mujeres en la economía, rendir cuentas exige pasar de la cifra autorizada al cambio efectivamente observado.
El punto de partida de esta cobertura es la nota técnica «Presupuesto 2027 para igualdad y cuidados», identificada con Consultoras en Género y Gobierno (CGG) y Public/Corporate Solutions LATAM. Las cifras presupuestarias se contrastaron con la información legislativa y los anexos de Hacienda.
Fotografía ilustrativa: Pavel Danilyuk / Pexels.
Las cifras, documentos y declaraciones se identifican dentro de la historia con su fecha de corte.
Redacción
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