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Pelea en la Corte: qué enseñan los casos de Batres sobre marcas y créditos fiscales millonarios

La discusión entre la ministra Lenia Batres y otros integrantes de la Suprema Corte dejó asuntos económicos concretos: plazos para proteger marcas y la decisión de no atraer un crédito fiscal controvertido de más de 4,306 millones de pesos.

Pelea en la Corte: qué enseñan los casos de Batres sobre marcas y créditos fiscales millonarios. La discusión entre la ministra Lenia Batres y otros integrantes de la Suprema Corte dejó asuntos económicos concretos: plazos para proteger marcas y la decisión de no atraer un crédito fiscal controvertido de más de 4,306 millones de pesos.

Las marcas también necesitan plazos claros

En el amparo directo en revisión 2286/2026 se cuestionaba la ausencia de un plazo expreso en una ley industrial ya abrogada para resolver la nulidad de marcas. La Corte concluyó, por ocho votos contra uno, que podían aplicarse supletoriamente reglas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con un plazo general de tres meses para resolver y diez días para notificar.

Por qué importan al mercado

Una marca puede dar identidad a un producto, facilitar contratos de distribución y representar inversión. Si su titular no sabe cuándo concluirá un procedimiento, la incertidumbre afecta la planeación empresarial. A la inversa, las reglas claras sobre plazos no garantizan que una marca siga vigente: el resultado depende del fondo del litigio y las pruebas.

El debate que se volvió personal

Yasmín Esquivel y Giovanni Figueroa cuestionaron aspectos de la argumentación del proyecto de Batres, quien defendió su criterio y discutió con el presidente Hugo Aguilar sobre el uso de la palabra. La ministra insinuó que parte de las críticas tenía relación con la sucesión de la presidencia de la Corte en 2027; esa motivación no está demostrada.

El pleito fiscal de Juegos del Bajío

La Corte rechazó por siete votos contra dos atraer un litigio relacionado con un crédito fiscal cercano a 4 mil 306 millones de pesos. Batres sostenía que se había utilizado un contrato presuntamente falso, pero la mayoría no estimó procedente que el máximo tribunal asumiera el caso. La negativa a atraerlo no supone que el pleno haya probado la falsedad del contrato.

Una pregunta para inversionistas y consumidores

La credibilidad institucional depende de que se puedan conocer los criterios, los plazos y las consecuencias concretas de las resoluciones. Las discusiones públicas pueden mostrar independencia entre ministros; lo indispensable es que el razonamiento escrito sea comprensible y consistente para quienes contratan, invierten o reclaman derechos.

Referencias: sesión de la Corte del 9 de noviembre; caso del ISSSTE; facultad de atracción fiscal; expediente 2286/2026 en seguimiento público.

TRANSPARENCIA

Las cifras, documentos y declaraciones se identifican dentro de la historia con su fecha de corte.

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Redacción

Autor en EL CAPITAL. Periodismo sobre suelo, movilidad, activos y grandes negocios.

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